La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado su ofensiva migratoria con una estrategia doble: iniciar decenas de miles de procesos de deportación y, al mismo tiempo, utilizar una táctica que permite arrestar rápidamente a inmigrantes tras cerrar sus casos en los tribunales de inmigración.
Desde febrero de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS) ha emitido más de 26,700 Notificaciones de Comparecencia (NTA) contra personas sin estatus legal en el país. Según un comunicado oficial, esta medida responde a la Proclamación Presidencial para Proteger al Pueblo Estadounidense contra la Invasión, firmada por Donald Trump.
“Con el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, hemos retomado políticas migratorias de sentido común", afirmó el portavoz de USCIS, Matthew Tragesser.
El objetivo, dijo, es "restaurar la integridad del sistema de inmigración y proteger la seguridad nacional".
Pero esa no es la única estrategia en marcha.
Cierre exprés de casos y arresto inmediato
Un memorando interno del Departamento de Justicia, fechado el 30 de mayo y filtrado por NBC News revela que los jueces de inmigración —quienes trabajan bajo el poder ejecutivo— han recibido instrucciones para cerrar casos a petición oral de los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sin esperar el plazo tradicional de 10 días para que los inmigrantes respondan.
“Las decisiones orales deben completarse en la misma audiencia en la que se presentan los argumentos”, dice el documento. No se requiere documentación adicional para conceder el cierre del caso.
Tras esa decisión, muchos inmigrantes —en su mayoría sin antecedentes penales— son colocados en procedimientos de deportación acelerada, sin oportunidad de presentar un caso ante un juez de inmigración.
ICE los detiene inmediatamente, amparado en que esas personas “están sujetas a detención obligatoria”.
Legal, pero cuestionado
Aunque la medida es técnicamente legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, expertos señalan que el memorando omite deliberadamente una parte clave del texto legal, facilitando así el cierre masivo de casos sin justificación individual.
“Es una burla al debido proceso”, aseguró un miembro del sindicato de jueces de inmigración.
Greg Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, indicó que la política “contradice la ley”, ya que elimina la exigencia de motivar el cierre con base en las circunstancias específicas del caso.
Detenciones al alza… sin capacidad
Exfuncionarios de ICE advierten que esta política no sólo genera detenciones masivas, sino que también está colapsando la infraestructura de detención.
Hasta el 23 de mayo, más de 51,000 inmigrantes estaban bajo custodia de ICE, aunque el presupuesto solo permite alojar legalmente a 41,500.
Jason Houser, exjefe de gabinete del ICE bajo la administración Biden, alertó que “se está persiguiendo a migrantes ya examinados, con empleo y estatus legal. Esto desvía recursos de amenazas reales a la seguridad nacional”.
Asilo, TPS y fraude
Según USCIS, se están emitiendo semanalmente unas 500 NTAs relacionadas con asilo, 100 vinculadas a casos de TPS, y se ha registrado un aumento del 2,811% en NTAs por fraude migratorio en comparación con la era Biden-Harris.
USCIS advierte que si el estatus de TPS de un país es cancelado, sus beneficiarios deben abandonar el país voluntariamente y reportar su salida mediante la app CBP One, de lo contrario podrían enfrentar detención y deportación inmediata.
Cubanos afectados con la medida
La activista cubana Salomé García Bacallao, quien ha acompañado numerosos casos de migrantes, denunció en un extenso testimonio en redes sociales:
“En las últimas semanas hemos visto a muchas personas acudir a su cita rutinaria de chequeo de inmigración y ser detenidas inmediatamente, sin previo aviso, luego de que el juez les ha notificado personalmente del cierre de su caso de asilo. Eso no admite apelación”.
Según García Bacallao, esta política —inspirada en declaraciones del exasesor de Trump, Stephen Miller, quien abogó por alcanzar 3.000 deportaciones diarias— responde a “cuotas arbitrarias” que ignoran el derecho fundamental al debido proceso.
“Cuando se fijan cuotas arbitrarias para la aplicación de leyes, se puede esperar tratos arbitrarios de casos que merecen todo el cuidado, pues de su resolución depende la supervivencia de seres humanos”, alertó.
García Bacallao concluyó su post con una reflexión dirigida a los propios migrantes y ciudadanos: “Si hemos venido a este país, supuestamente, para no vivir con miedo, no se puede tener miedo ahora a defender el derecho a la dignidad humana”.
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