La cifra de presos políticos se incrementó en Cuba en el mes de mayo, con ocho nuevos encarcelamientos, entre ellos participantes en protestas pacíficas, activistas y religiosos, informó este jueves la organización no gubernamental Prisoners Defenders.
Cuatro de los encarcelados el pasado mes enfrentan juicios ante Tribunales Militares, a pesar de ser civiles, por cargos que violan su libertad de expresión, subrayó la ONG, que contabiliza en su lista un total de 1.158 prisioneros políticos y de conciencia en la isla.
Los encausados son Miguel Alfonso Jiménez Marrero, de 51 años, condenado a 12 años de prisión por los presuntos delitos de “sabotaje” y “atentado”; los pastores evangélicos de la Isla de la Juventud Luis Guillermo Borjas Navarro y Roxana Rojas Betancourt, pertenecientes a la Iglesia Asambleas de Dios, con una petición fiscal de ocho años de prisión bajo los cargos de “desacato” y “desobediencia”, y Cristian Jorge Labrada Fonseca, condenado a 10 años de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
"Lejos de ser una novedad, como ya expusimos en informes anteriores, más de 120 manifestantes en Cuba ya fueron enjuiciados por Tribunales Militares, una violación palmaria de la legislación internacional", dijo desde Madrid el presidente de esa organización, Javier Larrondo.
Prisoners Defenders ha denunciado en reiteradas ocasiones la falta del debido proceso en estos casos legales, que incluye la ausencia de una defensa efectiva y de la presunción de inocencia, ya que los fiscales decretan prisión provisional y medidas cautelares a todos los procesados políticos.
Dos jóvenes detenidos por participar en las protestas de Bayamo contra los apagones, Freddy Avilés Rodríguez y Alejandro Salazar Blanco, se cuentan también entre los presos políticos detenidos en mayo.
En el caso de Avilés Rodríguez, el arresto se produjo el 23 de mayo, en su vivienda en Bayamo, durante un amplio operativo policial, detalló Prisoners Defenders. El joven está acusado de "sabotaje". Las autoridades alegan que lanzó piedras contra la Empresa Eléctrica y la sede del Partido Comunista, aunque su esposa afirma que en ese momento se encontraba con su familia y presentó videos como evidencia, pero las pruebas fueron rechazadas.
"Resulta obvio que su delito no fue tirar piedras, sino manifestarse públicamente. Actualmente, Freddy permanece en la estación de la PNR en un control de la carretera Bayamo–Las Tunas, recluido en prisión provisional bajo constantes interrogatorios, maltratos y amenazas, y todo ello sin tutela judicial. Su esposa denuncia que el preso político sufre de discapacidad auditiva. Desde su detención, las autoridades le han negado las visitas, generando una profunda angustia creciente sobre su estado mental y de salud y sus condiciones de reclusión", denunció la ONG en su informe.
Salazar Blanco, de 21 años, fue detenido el 22 de mayo. Agentes policiales "allanaron su domicilio sin orden judicial y se lo llevaron a la fuerza", señala el informe. Su familia ha denunciado un trato "humillante y discriminatorio por su orientación sexual, y diversos testigos denuncian que un oficial le insulta con expresiones homofóbicas".
El joven se encuentra en prisión provisional sin tutela judicial, y ha sido amenazado con una condena de hasta 10 años de prisión.
Prisoners Defenders incluyó en su lista al opositor José David Hernández Ferrer, de 34 años, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), detenido en octubre de 2024. "Fue trasladado a la prisión Valle Grande de La Habana, y tras 9 meses en prisión provisional ha recibido, el pasado 5 de junio, la petición fiscal de 10 años de privación de libertad por el supuesto “delito” de “Propaganda Enemiga”.
También incluyó a Alberto Padrón Labrada, de Guanabacoa, condenado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. El manifestante "se encuentra en condiciones extremadamente precarias en una celda de castigo y aislamiento en la prisión de Guanajay, en Artemisa", apuntó Larrondo.
Ciberclarias al descubierto
En el informe de este mes, la ONG destapa, además, "una de las redes de colaboradores de la Seguridad del Estado en el exterior diseñada para atacar la reputación de activistas y líderes comunitarios en Cuba", dijo el presidente de Prisoners Defenders.
Larrondo denunció que, recientemente, la organización fue mencionada en un bulo que buscaba desprestigiar a la activista cubana exiliada Diasniurka Salcedo "con información falsa distribuida por el régimen cubano a través de las redes sociales".
Según el informe, el bulo indicaba que Salcedo recibía 5 mil dólares mensuales de Prisoners Defenders que eran enviados a través de la Western Union.
"Son muchos agentes los que, disfrazados de opositores, disidentes y activistas crean perfiles en redes sociales como creadores de contenido con el fin de difundir información falsa, realizar ataques personales dirigidos a desacreditar la identidad de los auténticos opositores, y acosar y poner en jaque a las víctimas, los verdaderos activistas de derechos humanos", dijo el presidente de la ONG.
Entre los perfiles falsos destapados por Prisoners Defenders se encuentran el de Leslya López Torres, conocida como Avana de la Torre (avanalibre, LeslyLopezTorr1, avannalibre, chili_habanero, papaya.cubana, cleopatra guerrera y Alejandro Álvarez); el de Glenda Rancaño (Rancano Glenda 7, Rancano Glenda y Glenda Rancano); Isela García Cedeño (Isela García y María Isela Cedeño López); Roxana Evora y Danaisy Serrano.
"Estos supuestos creadores de contenido se apoyan en otros perfiles secundarios, que pudieran perfectamente manejar ellos mismos, como modamiss 2024, Gladiador Máximo Décimo, Julia Omo Shango y Adry Díaz", indica el informe.
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